México detenta un récord que opaca su imagen como estado: la cantidad de periodistas muertos por año, que sin entrar en el análisis de su posible relación con el narcotráfico expone estos datos preocupantes:
Durante al mandato, de seis años, de Enrique Peña Nieto cuarenta y siete periodistas fueron asesinados (un promedio de casi 8 periodistas al año), mientras que en lo que lleva de gobierno López Obrador (en diciembre cumpliría el primer año de mandato) once periodistas fueron muertos. Pero esta estadística es aun mas escandalosa teniendo en cuenta que el 50% de las agresiones sufridas por los periodistas o instituciones periodísticas provienen de funcionarios públicos, dicho de otra manera la mitad de las agresiones recibidas vienen del estado, justamente quien debería garantizar que los comunicadores trabajen libremente.
Es importante resaltar la responsabilidad de los gobernantes en la desaparición de periodistas o los ataques a la prensa. El presidente, gobernadores o jefes comunales son los responsables de cualquier ataque que sufra el periodismo en su jurisdicción y es importante que la sociedad se lo haga notar. En la memoria colectiva debe quedar el registro de que durante el gobierno de Peña Nieto, por hacer referencia a un gobernante, cuarenta y siete periodistas fueron muertos. Un capítulo aparte merece la actitud de los funcionarios cuando desde ellos se originan críticas o señalamientos por la forma de informar cuando no es de su gusto. Hay que dejar claro que en esos casos su responsabilidad es aún mayor, pasando de una responsabilidad pasiva a una responsabilidad activa.
No deben quedar dudas, es importante que existan los comunicadores y los medios de comunicación, ellos representan la garantía de que los actos de corrupción de gobiernos se hagan públicos. El pueblo Mexicano debe exigir a sus gobernantes las garantías necesarias para que los periodistas puedan ejercer libremente la profesión.